A continuación abrimos otra ventana para que las personas sigan aportando a la página web sus importantes contribuciones. La categoría sera CASOS NN, porque a pesar de no ser grandes casos publicitados, tambien demuestran con claridad la morosidad judicial existente.

Lectores califican de exitosa la pagina Alerta Judicial y a partir de ahora se extiende el debate a los casos no tan sonados.

El comisario Nestor Sosa aguarda el fallo de la Corte

Lo juzgaron por tráfico de influencia

CAUSA: “MINISTERIO PÚBLICO C/ NÉSTOR RAMÓN SOSA CANTERO S/ TRÁFICO DE INFLUENCIAS”

El comisario Néstor Sosa fue hallado culpable en primera instancia por el delito de tráfico de influencias. Un Tribunal de Alzada revocó la pena de 2 años de prisión y “por falta de pruebas” lo absolvió de reproche penal. Ahora, el Ministerio Público recurrió a la Sala Penal para intentar confirmar la pena de primera instancia.

Hace cinco meses, la Sala Penal de la Corte tiene para el estudio un recurso de casación promovido por el Ministerio Público para confirmar la pena de 2 años de prisión impuesta en primera instancia al comisario Néstor Sosa.

El ministro Raúl Torres Kirmser integraría la Sala Penal de la Corte para analizar el recurso, pero hasta el momento los ministros Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta de Correa aceptaron entender en el estudio del caso penal.

En abril de este año el fiscal anticorrupción, Martín Cabrera promovió un recurso de casación para confirmar la pena carcelaria.

El recurso fue presentado contra el Acuerdo y Sentencia N° 10 del 13 de marzo de 2009, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo de la Circunscripción Judicial de Capital.

Mediante la mencionada resolución, el Tribunal de alzada, en mayoría, resolvió, entre otros:

- ANULAR la S.D. No. 225, de fecha 6 de agosto de 2008, por las razones y con los alcances señalados en el exordio de la presente resolución y, en consecuencia;

- DECRETAR LA ABSOLUCIÓN, del procesado NÉSTOR RAMÓN SOSA CANTERO, conforme al artículo 474, en concordancia con el artículo 401 del CPP.-

FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Según el representante de la sociedad, el Tribunal de Apelación (voto en mayoría) al partir de una premisa errónea de las razones por las cuales consideró, no solo nula la primera grabación de comunicación privada efectuada (luego de la denuncia ante la Fiscalía) entre el señor Ignacio Rojas (víctima-denunciante) y el señor Néstor Sosa Cantero, sino también, razonó equivocadamente que la segunda y siguientes grabaciones que se realizaron con autorización del órgano jurisdiccional son igualmente ineficaces para ser utilizadas y valoradas por el Tribunal de Alzada.

De acuerdo al escrito judicial promovido por la Fiscalía, con esto, el Tribunal de Apelaciones ha rebasado todos los parámetros legales en cuanto a la materia de estudio en esa instancia, ingresando en el ámbito de análisis de los hechos, no el sentido de su correcta adecuación legal a la norma –que de hecho, es permitida-, sino en la esfera de valoración de los mismos.

El fiscal Cabrera aseguró además que todos estos vicios denunciados correctamente por esta Representación Pública son suficientes para demostrar que el fallo emitido por el Tribunal de Apelación se encuentra carente de fundamentación, y que por tanto debe declararse la nulidad de la misma.

SOLUCIÓN JURÍDICA PROPUESTA
Finalmente, el representante de la sociedad indicó en su presentación a la Corte Suprema que el fallo impugnado adolece de notorios errores que en su oportunidad han sido señalados, los que lo tornan manifiestamente infundado y, en consecuencia, procede declarar la viabilidad del presente recurso.

En base a dichos fundamentos, el Ministerio Público, solicitó “HACER LUGAR al RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN interpuesto por esta Representación Fiscal, en el sentido de ANULAR el ACUERDO Y SENTENCIA N° 10 del 13 de marzo de 2009, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo de la Circunscripción Judicial de Capital” Y, consecuentemente disponga confirmar directamente la SENTENCIA DEFINITIVA No. 225 de fecha 6 de agosto del 2008, emitida por el Tribunal de Sentencia de la circunscripción judicial de la capital, por encontrarse acorde a derecho.

LA DEFENSA YA CONTESTÓ
Por su parte, la abogada defensora Carolina Llanes en tiempo y forma respondió el presente recurso de casación, asegurando que el fallo de Alzada si está fundado y ajustado a derecho por consiguiente pidió que la Sala Penal de la Corte rechace por improcedente el recurso promovido por la Fiscalía anticorrupción.

El procesado Victor Elias Mendoza aguarda definicion judicial

EXPEDIENTE: “VICTOR ELIAS MENDOZA MARTINEZ S/ H.P. C/ LA VIDA – HOMICIDIO DOLOSO” – Cinco meses de paralización por sendas chicanas jurídicas presentadas por la defensa del principal acusado. Hace cinco meses, la Sala Penal de la Corte demora en resolver una recusación contra integrantes del Tribunal de Alzada de Caacupé.

A cinco meses de la presentación de sendos obstáculos legales, continúa en compás de espera el caso judicial por el crimen del joven Iván Martínez registrado en San Bernardino el 13 de enero del 2008. Hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo el Juicio Oral que determinará la responsabilidad penal del acusado Víctor Elías Mendoza Martínez porque la defensa se ha encargado de paralizar el proceso penal.

Está en manos de la Sala Penal de la Corte -conformada por los Ministros Alicia Pucheta y Sindulfo Blanco, e integrado por el Ministro Miguel Oscar Bajac- resolver una recusación planteada por la defensa contra el Tribunal de Apelaciones de Caacupé.

HOMICIDIO DOLOSO

Datos obtenidos por el Proyecto “Transparencia Judicial” del CIRD señalan que el 17 de setiembre del 2008, la causa penal se elevó a Juicio Oral y Público por el hecho de Homicidio Culposo, estando pendiente de pronunciamiento judicial la apelación planteada por la querella sobre sobre “>sobre “>sobre “>sobre “>esta calificación. El Tribunal de Apelación de Caacupé fue recusado por la defensa y por ello no podía expedirse sobre el cambio de calificación del delito investigado.

Con posterioridad a la elevación a Juicio el Tribunal de Apelaciones de Caacupé, una vez rechazada la recusación en su contra, determinó que la resolución que cambió la calificación de doloso a culposo estaba errada, calificando el hecho como DOLOSO.

La presidencia del Tribunal de Sentencia a cargo en ese entonces de Dionisio Nicolás Frutos, ordenó la realización de una pericia solicitada por la defensa, y admitida como prueba, la misma defensa repuso y apeló en subsidio esta providencia, elevándose nuevamente la causa al Tribunal de Apelaciones de Caacupé.

En este estado es que la Defensa de Víctor Elias Mendoza recusó una vez más a los integrantes del Tribunal de Apelaciones, y se remitió el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

OCHO URGIMIENTOS

El proceso judicial se encuentra desde el día 13 de marzo del 2009 en la Sala Penal de la Máxima Instancia Judicial.

La querella interviniente ha presentado presentado “>presentado “>presentado “>presentado “>respetuosos urgimientos en fechas: 30 de abril del 2009; 7 de mayo; 29 de junio; 30 de julio, etc. Para llegar al 4 de agosto de 2009, que se ha presentado EL OCTAVO URGIMIENTO.

La Sala Penal no se ha pronunciado hasta la fecha, y informan en Secretaria que no lo hace por encontrarse en poder del preopinante.

Los Miembros del Tribunal de Apelaciones de Caacupé que fueron recusados por segunda vez por la defensa del acusado son: Carlos Cabriza, Estela Aldama y Segundo Ibarra.

LA QUERELLA

Héctor y Alcira Martinez, padres de Iván Andrés asesinado de un disparo en el pulmón, en San Bernardino querellaron en enero del 2008 al joven ganadero Víctor Elías Mendoza por homicidio doloso y exijieron una pena máxima de 15 años por la muerte de su hijo de 17 años.

Los abogados Cecilia Pérez y Guido Gómez solicitaron al juzgado que Mendoza guarde reclusión en Tacumbú. En su escrito, los querellantes relataron que aquella madrugada del 13 de enero pasado según testigos, el hoy querellado “refugiado en su vehículo, dirigiéndose a los amigos de nuestros hijos, de manera inapropiada, sin siquiera conocerlos, sacó el arma de fuego que traía en el auto y disparó”.

Adujeron que Mendoza previamente forcejeó con el hijo mayor del matrimonio Martínez, Héctor David pero no soltó el arma homicida.

De acuerdo al testimonio de amigos de la víctima se trató de un momento sumamente confuso, y no se percataron de inmediato que Iván había recibido un impacto mortal por parte del conductor del vehículo de la marca Wolkwagen, tipo Golf, color negro.

“Fue en ese instante en el cual nuestro hijo Héctor escucha unos gritos y se percata que su hermano estaba muerto. Esta circunstancia es aprovechada por el conductor del Golf, que no había descendido de él, para acelerar y lograr escapar, con el acompañante. Nuestro hijo Iván se encontraba ya sin signos de vida”, dijeron los padres de la víctima, en el escrito inicial de querella.

ACTUALIZACION

El 1 de Octubre de 2009 la Sala Penal hace lugar a la recusación planteada contra dichos camaristas de Caacupé y ordena que intervenga otro Tribunal de Alzada.

Ex magistrado Roberto Martínez, procesado por supuesta coima

Los camaristas Delio Vera Navarro, Anselmo Aveiro y José Agustín Fernández del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, segunda sala deben confirmar o rechazar el sobreseimiento definitivo que logró en primera instancia el juez penal Roberto Martínez, acusado de cohecho pasivo agravado.

Hace unas semanas la Sala Constitucional de la Corte falló a favor del magistrado en el sentido de anular la resolución de segunda instancia que revocaba el sobreseimiento de Martínez. Sin embargo, la Máxima Instancia Judicial ordenó el reenvío del expediente a un nuevo Tribunal que estudie el fondo de la cuestión.

La secretaría del Tribunal de Apelaciones interviniente informó que el caso está para el sorteo interno del camarista preopinante. En total son tres tomos de expediente, sumados a dos carpetas fiscales.

LA POSTURA DEL FISCAL
Tras darse a conocer el fallo de la Corte, el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio fue enfático al afirmar que “será un mal antecedente para la Justicia si Roberto Martínez, juez procesado por la Justicia por supuesta exigencia de una coima vuelve a su cargo”.

FALLO DE LA CORTE
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, anuló la resolución del Tribunal de Alzada que había dejado sin efecto por su parte la decisión del juez Ruben Ayala Brun, de conceder el sobreseimiento definitivo para el juez Martínez, sin que éste llegue siguiera a ser juzgado por un Tribunal de Sentencia.

Los ministros de la Corte Sindulfo Blanco, Antonio Fretes y Óscar Miguel Bajac se pronunciaron contra la resolución firmada por los integrantes de la Cámara de Apelaciones, primera sala, doctores Tomás Damián Cárdenas, Carlos Bray Maurice y Gustavo Ocampos. Dichos magistrados ordenaron, en setiembre del 2007, que se anule la resolución del juez Ayala Brun, y que se realice una nueva audiencia preliminar para determinar si la causa contra Martínez llegaba o no a juicio oral y público. El ilícito investigado fue el cohecho pasivo agravado.
El magistrado Martínez, suspendido en el cargo desde el 2006, había recurrido a la Corte Suprema contra la resolución de la Cámara de Apelaciones. Y consiguió su pretensión de ratificarse su sobreseimiento definitivo ante la máxima instancia judicial.

ANTECEDENTES
El juez penal Roberto Martínez fue imputado tras una investigación del Ministerio Público que en una cámara oculta Osvaldo Britos, asistente de Martínez, fue aprehendido luego de recibir una suma de 3.000 dólares, supuestamente exigida para liberar a una persona detenida por homicidio culposo.

Acusada por plagiar un libro sobre ética judicial

Causa penal Nº 71/2008, caratulada: “NILSE RAMONA ORTIZ AQUINO DE SILVA Y CLAIDE OLMEDO S/ VIOLACION DEL DERECHO DE AUTOR O INVENTOR (CÓDIGO PENAL, ARTÍCULO 184, INC.1º) Y DEL ARTÍCULO 168, NUM. 3 DE LA LEY 1328/98 ¨DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”. La Sala Penal de la Corte debe resolver la integración de la Cámara de Apelaciones que analice los sendos incidentes dilatorios planteados por la defensa de la magistrada imputada por plagio.El caso de la jueza en lo civil Nilse Ortiz se encuentra paralizado en la Sala Penal de la Corte que debe resolver la competencia de camaristas en lo penal para analizar sendos incidentes planteados por la defensa. En tanto, la magistrada cuya tesis doctoral fue anulada por plagio fue reintegrada en sus funciones a través de una cuestionada decisión del Consejo de Superintendencia de la Corte.

Las diversas chicanas jurídicas planteadas por la defensa de la magistrada han trabado el normal desarrollo del proceso. Hasta el momento no se pudo llevar adelante la audiencia preliminar donde se determinará si el caso se eleva o no a juicio oral y público.

La investigación está a cargo de la abogada María Soledad Quiñónez Astigarraga, agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Investigación de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual Nº 3.

Datos obtenidos por el Proyecto “Transparencia Judicial” del CIRD refieren que en dicha causa ha finalizado la Etapa Preparatoria. La agente fiscal Carmen Gubetich, interinando a la fiscala Quiñónez, presentó ante el juzgado de Patricia González un pedido de sobreseimiento provisional de la citada jueza.

En los primeros meses de la investigación, la defensa presentó ante la Justicia una excepción de falta de acción, rechazada por el juzgado interviniente y luego apelada. Hasta el momento no se encuentra definición en el caso pues la conformación del Tribunal de Alzada depende de la celeridad de la Máxima Instancia Judicial.

CAMARA DESINTEGRADA
Para el estudio del recurso de apelación fue designado el Tribunal de Apelaciones 2ª Sala.

La Sala Penal de la Corte resolvió el 4 de mayo pasado la integración del Tribunal por parte de los camaristas Delio Vera Navarro, Oscar Paiva y Gerardo Báez Maiola.

Pero la fiscala Quiñónez recusó “por amistad con la procesada” al Doctor Delio Vera Navarro. El camarista Marcos Riera Hunter recibió el expediente pero impugnó la recusación presentada, razón por la cuál actualmente la causa se encuentra en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pendiente de integración a fin de resolver la composición de la Cámara de Apelaciones.

ACTOS DE INVESTIGACION
Como acto investigativo, la fiscala Quiñónez solicitó en su oportunidad al juzgado un anticipo jurisdiccional de prueba a fin de obtener cuatro documentos que obran en sitios de Internet. Esta diligencia no pudo realizarse pues fue apelada por la defensa en abril de 2008.

Con anterioridad, el Ministerio Público también solicitó una prórroga extraordinaria, considerando que no se resolvía el pedido de anticipo jurisdiccional de prueba antes citado, ni tampoco la apelación de la Excepción de falta de Acción pero este pedido no fue estudiado pues la Cámara no se encuentra integrada.

Ante la falta de resolución de prórroga extraordinaria que podía haber permitido un año más de investigación a fin de poder sustanciarse y resolverse los numerosos recursos, el Ministerio Publico no tuvo otra salida que la de solicitar un sobreseimiento provisional, pues de no haberse presentado el referido acto conclusivo se estaría ante una falta de acusación.

Así las cosas, el caso de la jueza Nilse Ortíz se haya cada vez más lejos de definirse para que la ciudadanía sepa finalmente si una integrante del Poder Judicial cometió o no un delito penal.

ACTUALIZACION

El 21 de octubre de 2009, la Sala Penal de la Corte destrabó el caso Nilse Ortiz y confirmó al camarista Delio Vera Navarro como integrante del Tribunal que analice las sendas chicanas jurídicas promovidas por la magistrada para evitar afrontar juicio oral por plagio literario.

10 años de prisión al cabecilla de Operativo Cóndor

El caso del ex cónsul paraguayo en Posadas, Francisco Ortiz Téllez aguarda resolución de alzada para confirmar la pena privativa de libertad de 10 años que le impuso un juez de primera instancia por su participación como informante en el Operativo Cóndor. Recientemente fue beneficiado con el arresto domiciliario por tener 70 años. Una vez que su condena quede firme en todas las instancias el procesado deberá indefectiblemente pagar los años de cárcel que la Justicia le impuso en un centro penitenciario, y la querella y la Fiscalía claman celeridad procesal en este emblemático caso de la época dictatorial.

Ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal donde magistrados de Alzada estudian la confirmación o modificación de la pena de 10 años de prisión impuesta al ex cónsul paraguayo en Posadas, Francisco Ortiz Téllez, el Ministerio Público representado por el fiscal de DDHH Juan De Rosa Ávalos ha solicitado en sus alegatos que la Justicia ratifique dicha pena carcelaria para que en el menor tiempo posible el condenado pueda volver a Tacumbú a compurgar la pena establecida.

Ortiz Téllez, quien fuera recapturado el 15 de mayo pasado por la policía estuvo prófugo de la Justicia por varios años. Los hijos del desaparecido médico y activista político Agustín Goiburú colaboraron decididamente para lograr la localización y recaptura del fugitivo.
El ex cónsul estuvo recluído en Tacumbú un mes hasta que su defensa logró en el Tribunal de Alzada el arresto domiciliario.
En tanto, el magistrado de primera instancia Arnaldo Fleitas impuso una fianza de 2.000 millones de guaraníes al ex cónsul para que éste pueda beneficiarse con las medidas alternativas a la prisión interín se confirme su pena condenatoria.

ANTECEDENTES

El fiscal penal Juan de Rosa Ávalos, quien tiene a su cargo investigar la desaparición forzosa del activista político Agustín Goiburú, dijo recientemente a medios de prensa que extremará su labor investigativa para conocer el lugar donde fueron enterrados los restos del asesinado médico en la década del 70.

“El condenado Ortiz Téllez sabe dónde fueron enterrados los restos de Goiburú y la Fiscalía pretende impulsar la causa hasta lograr sentencia condenatoria firme por los graves delitos que se le atribuyen”, sostuvo el representante de la sociedad.

El caso Goiburú se encuentra a cargo del juez Arnaldo Fleitas y actualmente tiene un solo condenado que es Francisco Ortiz Téllez, ex cónsul de Paraguay en Posadas. Actualmente el condenado a 10 años de prisión se bajo arresto domiciliario luego de ser beneficiado con dicha medida alternativa al cumplir 70 años.

En relación al procesado Alfredo Stroessner la causa quedó extinguida tras su fallecimiento y en cuanto a la situación procesal del ex Ministerio del Interior Sabino Augusto Montanaro, el caso está en estado sumario. El hijo del desaparecido, Rolando Goiburú, también pidió justicia para el caso de su padre, Agustín Goiburú.

El fiscal Ávalos, sostuvo además que jurídicamente lo que espera la fiscalía en el caso Goiburú es la ubicación de donde están los restos. “Por este caso el estado paraguayo fue sancionado por la Corte Interamericana de DDHH y es compromiso del estado la prosecución del juicio y la ubicación del cuerpo”, acotó.

EN SEGUNDA INSTANCIA

El mismo día que la Sala Penal de la Corte dio curso al hábeas corpus planteado por la defensa de Montanaro y ordenó su arresto domiciliario, la Cámara de Apelaciones, integrada por los camaristas Delio Vera Navarro, Natividad Mercedes Meza y Gustavo Ocampos, resolvió por unanimidad otorgar el arresto domiciliario, al ex cónsul en Posadas, Argentina, en la década del 70, Francisco Ortiz Téllez, de 71 años, procesado por la desaparición del activista político, Agustín Goiburú.

El procesado había recibido una pena de 10 años de cárcel por el caso por el juez Arnaldo Fleitas, pero luego se fugó, y tras su detención, el 16 de mayo pasado en San Ignacio Misiones, el mismo magistrado dispuso su prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú.

Los camaristas basados en el artículo 238 del Código Procesal Penal decidieron otorgar la medida alternativa a la prisión al ex cónsul. Dicha normativa otorga esa posibilidad a todo procesado mayor de 70 años cuya sentencia aún no quedó firme en instancias de apelación.

Para Entrevistas:
Querellante, Rogelio Goiburú 0981 640 494

En primera y segunda instancia la Coordinadora de Aportantes del BNT ganó judicialmente la devolución de los 28 mil millones de guaraníes – fondos no capitalizados – y por ende no pertenecientes al dinero restante en la quiebra de la fallida entidad bancaria. La Sala Constitucional de la Corte debe resolver la apelación promovida por la Sindicatura de Quiebras y si el fallo es favorable quedará firme la cuestión judicial.

Desde diciembre del año pasado, en la Máxima Instancia Judicial está en estudio una acción de inconstitucionalidad promovida por la Sindicatura de Quiebras contra una resolución del juez en lo civil Hugo Bécker que ordenó apartar 28 mil millones de guaraníes de la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores a favor de la Coordinadora de Aportantes. Este fallo fue confirmado en segunda instancia y luego impugnado ante la Corte Suprema por el síndico interviniente.

Esta decisión es de suma importancia, ya que una vez que quede firme en la Corte los 380 mil trabajadores propietarios de dicha suma decidirán en Asamblea el destino final que se dará a sus aportes que por tantos años han sostenido las arcas de la intervenida entidad bancaria.

ANTECEDENTES

El juez en lo civil Hugo Becker ordenó al Síndico Juan Figueredo apartar de la Quiebra del BNT, la suma de 28 mil millones de guaraníes a favor de la Coordinadora de Aportantes del Banco Nacional de Trabajadores. Dicha suma representa aportes no capitalizados y su resguardo constituye una victoria para los más de 380 mil trabajadores aportantes del país que buscan la recuperación de su dinero.

Anteriormente, el magistrado Bécker había rechazado a favor de los aportantes las excepciones de falta de acción, falta de personería y defecto legal opuestos por representantes del quebrado BNT.

“Se trata de la primera resolución del país que reconoce lo que en derecho se llama class action, donde se le reconoce el derecho a los sindicatos de la coordinadora de aportantes, a reclamar y en su caso retirar el dinero los famosos 28 mil millones a nombre del colectivo de trabajadores”, sostuvo en dicha oportunidad, el abogado de los trabajadores Pedro Lobo.

Agregó que antes de dicha resolución se necesitaba 380 mil demandas individuales para retirar ese dinero y es por ello que las personas que encargadas del proceso de quiebra estaba utilizando indebidamente dicho monto por muchos años ya que nuestro sistema legal permite que solo en forma individual se venga a reclamar en casos civiles.

“Los de la Quiebra se defendían alegando que el Banco Central ordenó la capitalización del dinero y tenemos una nota firmada por el presidente Germán Rojas, donde dice que el BCP no ordenó ninguna capitalización administrativa y que acata las resolución 68 que decía que hay que apartar ese dinero para que cobren los obreros aportantes”, sostuvo el abogado Lobo.

En tanto, el magistado Becker señaló en su resolución que para que pueda promoverse una “Class Action” debe demostrarse que la decisión del tribunal proveerá una solución a la totalidad del grupo como clase y no sólo a un individuo en particular. “De todos modos, la necesidad de determinar los daños causados a cada damnificado de acuerdo a una base fáctica individual no obsta a la admisión de la class action, siempre que el remedio sea colectivo”, argumentó el juez Bécker en otra parte del fallo.

Las graves irregularidades en el banco obrero generaron un enorme perjuicio para los trabajadores, que perdieron más de 200.000 millones de guaraníes por el vaciamiento de la entidad, así como se debilitó la organización sindical al verse involucrados varios dirigentes, y también se perdió la importante herramienta de financiamiento para los trabajadores, explicaron los miembros de la Coordinadora. El BNT fue intervenido en setiembre de 1998, luego de que se produjeran graves irregularidades que impidieron que siguiera operando.

EN SEGUNDA INSTANCIA

La Cámara de Apelación en lo civil y comercial 2da. Sala confirmó la resolución que en primera instancia estableció el derecho de los obreros aportantes del ex Banco Nacional de Trabajadores a reclamar la devolución de 28 mil millones de guaraníes en concepto de contribuciones que por años han realizado a la fallida entidad bancaria.

El síndico de quiebras Hugo Villalba, apeló la resolución de primera instancia pero los camaristas Gerardo Báez Maiola, María Sol Zuccolillo de Vouga, con voto en disidencia del doctor Marcos Riera Hunter confirmaron el fallo judicial.

Ahora la decisión final está en manos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Antonio Fretes, Víctor Núñez y José Altamirano.

Para Entrevistas:

Abogado Pedro Lobo 0991 329 489

Desvío de 14 mil millones de guaraníes

El caso del PAI RUBIO sigue congelado hace un año en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Un tercer ministro de la Corte “no se ha interesado” en integrar la Sala ante la ausencia del reemplazante del jubilado ministro Wildo Rienzi Galeano. El Ministerio Público urgió en contadas ocasiones el fallo confirmatorio de la condena de cinco años y seis meses a que fue sometido el acusado tras ser hallado culpable del desvío de 14 mil millones de guaraníes en “el proyecto pozos artesianos”.

Hace un año que la Sala Penal de la Corte Suprema no logra integrarse con un tercer ministro para confirmar o anular la condena de cinco años y seis meses de penitenciaría impuesta al sacerdote jesuíta José Antonio Rubio, hallado culpable del desvío de 14 mil millones de guaraníes dentro del proyecto de construcción de 50 pozos de agua potable para poblaciones rurales.

La excesiva demora en resolver el recurso de casación promovido por abogados del sacerdote ha despertado todo tipo de sospechas en sede judicial.

El desvío comprobado en juicio de 14 mil millones de guaraníes fue parte de una donación realizada por la Unión Europea para solventar tan noble proyecto comunitario.

La fiscala del caso Victoria Acuña presentó su último urgimiento el 27 de Octubre del año pasado, mientras que el abogado Víctor Dante Gulino, por la defensa de uno de los condenados lo hizo el 21 de abril de este año.

Hasta el momento, en secretaría de la Sala Penal no tienen noticia cierta de que el expediente judicial tenga el tercer ministro que necesita para comenzar a analizarse la presentación de los abogados de la defensa.

En el otro juicio que involucra al Padre Rubio sus abogados lograron la absolución de reproche y pena ante la grave acusación de haber sobrefacturado 137 mil dólares en el Proyecto Ysakã, destinado a la construcción de 9 pozos artesianos en zonas carenciadas. Los recursos financieros tambien provenían de la Unión Europea.

En este caso de sobrefacturación, la Fiscalía apeló la sentencia de primera instancia y actualmente se encuentra en estudio en la Camara de Apelaciones en lo penal, primera Sala.

ANTECEDENTES
El 31 de agosto de 2007, el jesuíta español de 64 años, fue hallado culpable penalmente por el desvío, en 2004, de unos 14.000 millones de guaraníes de un fondo de 3,2 millones de dólares donados por la UE, para la construcción de 50 pozos de agua potable en localidades rurales.

La inexplicable desidia judicial ha precipitado una cadena de urgimientos presentados por el Ministerio Público que busca la confirmación del fallo condenatorio.

El 12 de junio de 2008 se promovió un recurso extraordinario de casación de parte de la defensa del sacerdote español José Antonio Rubio. La defensa técnica llevada adelante por los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal concluyó que la Cámara de Apelación sin fundamentos jurídicos válidos ha confirmado “un fallo arbitrario”.

Los abogados atacaron ante la Máxima Instancia Judicial el Acuerdo y Sentencia Nº 27 del 5 de mayo de 2008, firmado por los camaristas Natividad Meza, Gustavo Ocampos y Tomás Cárdenas.

Este Tribunal de Alzada por unanimidad confirmó la S.D. Nº 249 del 31 de agosto de 2007, por la cual los magistradas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Mara Ladán condenaron a cinco años y seis meses de prisión al sacerdote español.

En todo este tiempo el condenado se ha beneficiado con las medidas alternativas a la prisión y guarda arresto domiciliario interín se confirme los fallos judiciales.

EL FALLO ABSOLUTORIO
El 14 de Noviembre de 2008, el sacerdote fue absuelto en el caso de la sobrefacturación de 137.000 dólares en la construcción de nueve pozos artesianos.

Los jueces Víctor Medina, Blanca Gorostiaga y Elsa García resolvieron absolver al acusado en su carácter de codirector europeo del Proyecto Ysaka. También fueron beneficiados con este fallo Sócrates Garcete, codirector paraguayo; el Ing. Jorge Marín Postigo, ejecutor de la obra, y las arquitectas Mirna Ayala, Eliza Vera y Rocío Mendoza.

En dicha oportunidad, el presidente del Tribunal de Sentencia, Víctor Medina, concluyó que “no hubo irregularidades, solo desprolijidades en las que se cayó por insuficiencia financiera”.

Actualmente esta sentencia absolutoria se encuentra en estudio por parte de camaristas del fuero penal primera sala. Y la Fiscalía también espera que se condene al sacerdote español, en el presente caso judicial.

ACTUALIZACION

El 1 de setiembre del 2009 y tras un año de estudio del caso,con un voto en disidencia, la Sala Penal de la Corte Suprema benefició al sacerdote salesiano, José Antonio Rubio, con la reducción de la pena de 5 años y 6 meses de cárcel a 3 años de penitenciaría, por el desvío de 14 mil millones de guaraníes dentro del proyecto de construcción de 50 pozos artesianos para poblaciones rurales.

Los camaristas del fuero penal Emiliano Rolón Fernández de la Cuarta Sala, Carlos Bray Maurice de la Primera Sala y José Agustín Fernández de la Segunda Sala han conformado el Tribunal de Alzada que analizará el pedido del fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio de condenar a 10 años de prisión al coronel retirado Heriberto Galeano. Se lo acusa de enriquecimiento ilícito y con un patrimonio de casi 900 millones de guaraníes que no pudo justificar el origen legal. Un Tribunal de primera instancia lo absolvió de reproche y pena por no hallar pruebas en su contra.

El Ministerio Público espera que el Tribunal de Apelaciones anule la sentencia absolutoria que tres jueces de primera instancia dictaron a favor del coronel Heriberto Galeano y que se aplique de inmediato la pena de 10 años de prisión solicitada por el delito de enriquecimiento ilícito.

Desde marzo de este año los camaristas Emiliano Rolón Fernández de la Cuarta Sala, Carlos Bray Maurice de la Primera Sala y José Agustín Fernández de la Segunda Sala han conformado el Tribunal de Alzada que analizará el pedido del fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio.

Esta integración se dio luego de que camaristas de la Cuarta Sala, originaria del caso, Arnulfo Arias y Luis María Benítez Riera se hayan inhibido de entender en el análisis procesal, alegando causales de separación con la defensa.

Por Sentencia Definifiva Número 392, del 5 de diciembre de 2008, el coronel Galeano fue absuelto de reproche y pena en decisión unánime de los jueces Blanca Gorostiaga, Blas Cabriza y Enrique Alfonso.

El fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio apeló dicho fallo en el mes de febrero de este año y hasta el momento se aguarda la decisión de los camaristas intervinientes que tienen en sus manos ratificar el fallo absolutorio o en su defecto revocarlo e imponer los años de cárcel que considera justo.

EL JUICIO ORAL

En una sentencia dictada por unanimidad, los jueces de primera instancia absolvieron al coronel Heriberto Galeano al no encontrar elementos probatorios que lo vinculen al delito de enriquecimiento ilícito, acusado por el Ministerio Público.

En tal sentido, los jueces Blanca Gorostiaga, Blas Cabriza y Enrique Alfonso levantaron las medidas restrictivas que pesaban en contra del ex hombre fuerte del entonces primer mandatario Nicanor Duarte Frutos.

Según este Tribunal, correspondía en derecho absolver al acusado basándose en las conclusiones del perito de la defensa, Blas Jara.

La presidenta del Tribunal, Blanca Gorostiaga inició la explicación del fallo dando cifras en relación a los ingresos y egresos del acusado, en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1996 al 2006 para concluir que existió una correspondencia legal en el patrimonio, arrojando por el suelo la acusación de la fiscalía.

LO QUE SOSTIENE LA FISCALIA

En sus alegatos finales, el fiscal Giuzzio solicitó 10 años de prisión al ratificarse que existe una diferencia de 862 millones de guaraníes no respaldados con documentación contable en el patrimonio personal del militar retirado.

El móvil del delito fue el ánimo del lucro, lo que constituyó un agravante para el fiscal acusador, al igual que la condición del acusado frente al derecho en su carácter de oficial del Ejército.

“El acusado simuló la realización de actos jurídicos para ocultar el origen de su fortuna pretendiendo justificarla con operaciones fraudulentas como la comprobada autotransferencia de inmuebles”, concluyó el agente fiscal del caso.

El embargo de sus bienes, un comiso especial previsto en la ley y la prohibición para el condenado de ejercer funciones públicas por espacio de diez años fueron otras solicitudes no oídas por el Tribunal de Sentencia.

Por su parte, la defensa del militar acusado alegó que las mejoras llevadas adelante en los inmuebles de Galeano no eran producto de la ampliación de su patrimonio sino que se trata de “la plusvalía” de dichas propiedades.

Galeano generó un ingreso total de 1.194 millones de guaraníes, y se comprobó un egreso de 1.955 millones de guaraníes y por ello la conclusión de la Fiscalía de establcer una diferencia no justificada con documentos contables de 862 millones de guaraníes.

QUIEN ES ESTE CORONEL

El coronel Heriberto Galeano Rojas, autoproclamado “el brazo armado de Nicanor Duarte Frutos” es un militar de la promoción 1978. Su cargo más reciente fue el de Comandante de la Primera División de Infantería. También asumió el puesto de Comandante del Regimiento Escolta Presidencial en tiempos pasados.

El fiscal anticorrupción, Arnaldo Guzzio pidió su procesamiento por delitos de enriquecimiento ilícito y a raíz de su vinculación a una causa penal fue sacado del Regimiento Escolta y por decisión presidencial pasó a ocupar el cargo de Comandante de la Primera División de Infantería.

La lluvia de críticas y cuestionamientos no pudieron sostenerlo en el cargo y muy pronto se quedó sin puesto laboral. En caso de que no ocupe otro cargo, el año próximo pasará a retiro, teniendo en cuenta que ya posee 30 años de servicio activo.

ACTUALIZACION

El 31 de Agosto de 2009, la Cámara de Apelación confirmó la absolución dictada en primera instancia. El fiscal Arnaldo Giuzzio anunció que recurrirá a la Corte para conseguir la condena del ex militar.