Sala Constitucional dilata fallo sobre la cuestión prejudicial en casos de Quiebras

Cientos de juicios corren el peligro de extinguirse a causa de jugadas de los abogadosQUIEBRAS

Causa: 601/07

Abogados de empresas que por falencias administrativas fueron a liquidación forzosa o quiebra están paralizando en forma peligrosa los juicios de quiebras en el fuero civil ayudados por la figura de la prejudicialidad y admitida por jueces en lo civil. Al atacar en lo contencioso-administrativo (Tribunal de Cuentas) la resolución que ordena la intervención de dichas empresas, los profesionales del Derecho consiguen interrumpir por largos años las demandas promovidas por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay, dejando a los asegurados y acreedores de dichas empresas sin la posibilidad de recuperar su dinero, en tiempo y forma.

La Sala Constitucional de la Corte tiene en su poder hace un año la acción de inconstitucionalidad promovida por el BCP contra resoluciones que dan curso a la prejudicialidad y que peticiona se declare inaplicable las normativas y fundamentos esgrimidos.

Según la investigación de esta consultoría periodística, el 19 de junio de 2007, el abogado Eberhard S. von Lucken, de Asuntos Legales de la Superintendencia de Seguros promovió una acción de inconstitucionalidad contra sentencias de primera y segunda instancia que dieron curso al planteamiento de la prejudicialidad, en una demanda promovida por una empresa en proceso de quiebra ante el Tribunal de Cuentas. Al salir perdidosa en ambas instancias, se impuso las costas al ente regulador de empresas aseguradoras.

En concreto se atacó de violatorio a los principios de congruencia las sentencias dictadas por el juez en lo civil Hugo Hernán Morán el 15 de noviembre de 2004 y la firmada por los camaristas de la 4ta. Sala Raúl Gómez Frutos, Eusebio Melgarejo Coronel y Basilio García Irala el 16 de mayo de 2007, en el expediente caratulado: “SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY c/ IDEAL DE SEGUROS S.A. s/ CANCELACIÓN”.

El abogado del BCP asegura que el artículo 48 de la Ley de Seguros faculta a la Superintendencia de Seguros como único órgano primario de decisión definir si una compañía va o no a una convocatoria de acreedores o, a la quiebra. Esta situación debe ser comunicada al juez de Quiebra y es lo que ha hecho la Superintendencia de Seguros conforme sus atribuciones.

Sin embargo, al dar curso a la cuestión prejudicial ambas sentencias atacadas de inconstitucional violan los procedimientos alterando el principio de prelación de las normas, según el abogado accionante.

Las preguntas que realiza el doctor von Lucken en su escrito resume la cuestión de fondo: Por qué no se aplica el orden positivo en un procedimiento claramente universal y especialísimo? Por qué razón debe imponerse costas al ente administrador cuando ha dado cumplimiento a los preceptos legales citados?.

Y agrega: “Nótese Excelentísima Corte Suprema de Justicia, nos hallamos ante un bastión de carácter insospechado, que pone en jaque nada menos que al instituto de la quiebra, sometiéndose a que las falencias patrimoniales que pudieran afectar a las empresas previamente deban ser determinadas por un procedimiento ordinario”.

Para concluir: “Imaginemos la carga insoportable que deben superar los asegurados, quienes para el ejercicio de sus derechos la ley le otorga un plazo exiguo de un año como término de prescriptibilidad de sus derechos”.

Datos obtenidos por el CIRD señalan que la presente acción de inconstitucionalidad cuenta con Dictamen fiscal desfavorable de la Fiscalía General del Estado. Además supo que el preopinante en este caso es el presidente de la Corte, doctor Víctor Núñez y el mismo tiene el expediente en su despacho desde el 2 de noviembre de 2007.

Actualmente las siguientes firmas aseguradoras se encuentran en esta situación procesal, Concordia de Seguros, La Previsora SA de Seguros, Protección de Seguros y Unión SA de Seguros.

Consultado sobre el tema, el encargado de estos casos judiciales, el abogado von Lucken sostuvo que este escenario daña a la imagen de seguro en si porque afecta a la operativa de seguros que se basa en la máxima de buena fe. “Las personas que confían piensan que las operativas se ajustan a esos principios y que sus derechos serán salvaguardados al ocurrir un evento que afecte a su patrimonio a sus derechos personales”, agrega el profesional del Derecho.

Concluye que esta situación irregular favorece por sobre todo a los accionistas y directores de dichas firmas aseguradoras ya que el transcurso del tiempo va en detrimento de los que esperan el rápido accionar de la Justicia, refiriéndose a los asegurados y acreedores afectados.

La Sala Constitucional de la Corte tiene en sus manos la decisión final que podría dar solución a la polémica desatada.

Actualizado: 10 de Febrero de 2009.
Se encuentra en la fase de Autos para Sentencia desde 19 de Setiembre 2007

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