En manos de la Corte inicio de juicio oral al ex síndico general

¿Camino a la impunidad?

Causa: 1.559/07salapenal

Gerardo Sanabria Mora, ex síndico general de Quiebras procesado por la Justicia penal por haber ocasionado un perjuicio económico de más de 2.700 millones de guaraníes durante el proceso de quiebra de Bancopar SA se encuentra esperando el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia respecto a la cuestión prejudicial planteada por la defensa para evitar ir a juicio oral.

Los fiscales intervinientes Silvia Cabrera y René Fernández recurrieron ante la Máxima Instancia Judicial para anular los fallos de primera y segunda instancia que favorecieron al ex síndico al declarar válida la prejudicialidad alegada por el abogado Osvaldo Granada Salaverry.

La cronología del caso da cuenta que el 4 de octubre de 2007, el Tribunal de Sentencia integrado por María Doddy Báez, Gustavo Amarilla y Gustavo Santander (con el voto en disidencia de éste último) dio curso al incidente de prejudicialidad planteado por la defensa del ex síndico el primer día del juicio oral y público. Dicha resolución fue apelada por la Fiscalía y posteriormente confirmada, el 5 de diciembre del mismo año por el Tribunal de Apelaciones, primera sala.

En el fallo de segunda instancia, la Cámara confirmó la suspensión de juicio oral al ex síndico general de Quiebras.

Los camaristas Gustavo Ocampos, Carlos Bray Maurice y Tomás Damián Cárdenas explicaron en su fallo que el Tribunal de Sentencia resolvió conforme a Derecho al postergar la audiencia, hasta tanto se resuelva un incidente de nulidad promovido en el fuero civil contra el remate de una propiedad perteneciente a la quiebra de Bancopar SA.

Por su parte el Ministerio Público sostuvo en su acusación que Sanabria Mora cometió el hecho punible de lesión de confianza por omisión, al faltar al remate decretado en el expediente “Bancopar contra Yasy SA y Pedro Engels, sobre cobro de guaraníes”, situación que imposibilitó al ente bancario recuperar la garantía hipotecaria de un crédito por G. 4 mil millones. En tal sentido la Fiscalía concluyó que el perjuicio ocasionado por el entonces síndico general es de G. 2.700 millones, valor del inmueble subastado.

La investigación del CIRD revela que la acción de inconstitucionalidad fue presentada por los fiscales del caso el 28 de diciembre de 2007. Para el Ministerio Público dichas resoluciones son arbitrarias y en tal sentido la Corte Suprema de Justicia ha sustentado a través de la jurisprudencia, que los fallos arbitrarios son inconstitucionales.

“En la causa penal conocida como caso de los 16 millones de dólares, la Sala Penal y los tribunales inferiores han confirmado las condenas por lesión de confianza estando pendiente una demanda civil para que la operación por la cual el dinero transferido a cuentas bancarias de los Estados Unidos sea revertida”, señala en otro párrafo el escrito del Ministerio Público.

Agrega que en su voto en disidencia, en primera instancia el juez Gustavo Santander sostuvo que solamente la muerte es irreversible, pero que en cuanto a delitos patrimoniales, siempre existirá la posibilidad de que por un acto posterior a la conducta consumada, se revierta el perjuicio patrimonial.

“Resulta sumamente claro que el Ministerio Público ha acusado al señor Gerardo Sanabria Mora, en el carácter de autor de lesión de confianza en su modalidad omisiva”, dijeron los fiscales del caso.

A criterio del Ministerio Público, el Banco Comercial Paraguayo (Bancopar SA) en quiebra, era la persona jurídica representada por el señor Gerardo Sanabria Mora en su carácter de Síndico interviniente en dicho procedimiento concursal, poseía y sigue poseyendo – Bancopar en Quiebra- hasta el momento, un derecho de crédito contra Yasy SA y Pedro Engels, en el marco de un juicio de ejecución.

“Este crédito, era un crédito que estaba garantizado por una hipoteca, pero no se pudo cobrar porque el derecho real de hipoteca ha sido adjudicado al Abogado Guillermo Codas Riera en concepto de regulación de honorarios profesionales”, señalaron por otra parte los fiscales intervinientes.

En el presente caso, según el Ministerio Público el incidente de nulidad planteado por el síndico Julio Ríos, en caso de resolverse favorablemente a las pretensiones de la quiebra de BANCOPAR, lo que lograría es revertir el perjuicio causado por Gerardo Sanabria, es decir, reparar el daño causado, pero esta situación no hace desaparecer el hecho punible.

Según la investigación de esta Consultoría Periodística entre las anomalías detectadas por auditores durante la administración del ex síndico general se puede destacar la inexistencia de título de crédito (pagarés, facturas, hipotecas), en ese orden de cosas, los documentos eran entregados a abogados contratados de un modo muy informal, lo que imposibilitaría en un caso dado cualquier reclamación posterior. También se descubrió que la entidad no tenía inventariados sus documentos, lo cual implica que no se sabía a cuánto ascendía el activo en este rubro. Y por último se comprobó que valiosos inmuebles se hallaban en poder de personas que no pagaban suma alguna en concepto de alquiler mientras que Bancopar pagaba las expensas.

La investigación del CIRD obtuvo declaraciones de la fiscala Silvia Cabrera, quien aseguró que el ex síndico debe aclarar la acusación que pesa en su contra en un juicio oral y público.

“Es importante que se pueda dilucidar este caso que es tan emblemático”, indicó la fiscala interviniente.

Días atrás el sindico general interino Amado Verón urgió una definición en el proyecto de informatizar la Sindicatura de Quiebras, tan desprestigiada en los últimos tiempos por los hechos de corrupción descubiertos por la Fiscalía. Según el titular de dicha repartición es la Corte Suprema de Justicia que debe emitir una acordada por la cual se ordena el proceso de informatización. El doctor Verón destacó el importante avance que será tener todos los datos y cifras de cada convocatoria de acreedores y de cada juicio de quiebra en una base de datos informatizada. “Será vital para transparentar el proceso de liquidación de entidades bancarias, la informatización de la Sindicatura de Quiebras no puede esperar”, dijo el responsable de los juicios de Quiebra.

El CIRD en su proyecto de Transparencia Judicial consultó a la Sala Constitucional sobre el presente caso. El lunes último la Fiscalía General del Estado dictaminó hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por los fiscales y en tal sentido recomendó la apertura del juicio oral y público al ex síndico general de Quiebras, Gerardo Sanabria Mora. Ahora se espera que los integrantes de la Sala Constitucional llamen a autos para sentencia el presente juicio y que se realice el sorteo correspondiente para conocer al ministro preopinante.

Actualizado: 10 de Febrero de 2009.
Se encuentra en la fase de Autos para Sentencia desde 5 de Agosto 2008.

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