Corte no resuelve acciones favorables a la independencia del Poder Judicial

Dilación hasta en causas propias

Causas:skd284429sdc
C/ Ley 1.535/99 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO
6/00 Está en la fase de Autos para Sentencia desde el 23 de Abril de 2004

C/ Ley 1.626/00 DE LA FUNCION PUBLICA
31/01 Está en fase de Autos para Sentencia desde el 1º de Abril de 2004

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mantiene en el freezer hace ocho años dos acciones de inconstitucionalidad promovidas en su momento por presidentes de la Máxima Instancia Judicial y que sorprendentemente de tener fallo favorable darían un gran impulso al fortalecimiento de la anhelada independencia del Poder Judicial.

Nos referimos a la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Ley de Administración Financiera del Estado en la cual no se garantiza la autarquia presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia, tal y como establece la Constitución Nacional. Otra de las acciones pendientes de resolución es la promovida contra la Ley de la Función Pública que le hace poco favor al espíritu constitucional que resguarda la automomia del citado Poder del Estado.

En la Máxima Instancia Judicial el silencio es sepulcral, no se sabe en manos de qué ministro de la Sala Constitucional se encuentran dichos expedientes y la última esperanza para los que si valoran los intereses en juego radica en las publicaciones periodísticas que pondrá a la luz la vergonzosa mora judicial.

Antecedentes
Datos obtenidos por el Proyecto “Transparencia Judicial” impulsado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) señalan que el 31 de enero de 2000, el entonces presidente de la Corte Suprema, doctor Wildo Rienzi Galeano (hoy jubilado) presentó una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la LEY  N° 1.535/99 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO. La Fiscalía presentó su dictamen el 3 de agosto de 2000 y el expediente quedó paralizado hasta el año 2004 donde figura en el sistema informático en el despacho del ministro José Altamirano.

Los artículos impugandos son: 14, 15, 21, 24 y 62

El A.I. de suspensión de los efectos fue firmado el 2 de julio de 2000.

A continuación la lista de artículos atacados de inconstitucional:

Artículo 14.- Lineamientos y montos globales. Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación a la educación y al Poder Judicial, no serán inferiores al veinte por ciento ni al tres por ciento, respectivamente, del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y otras operaciones de crédito público, y las donaciones o asistencias financieras no reembolsables. En el caso del monto asignado al Poder Judicial, éste incluirá los organismos citados en los incisos g), h), i) y j) del Artículo 3o. de esta ley.

Artículo 15.- Formulación de los Anteproyectos y Proyectos de Presupuesto.
Los anteproyectos de presupuestos así formulados, serán presentados al Ministerio de Hacienda dentro del primer semestre de cada año. Si no fueran presentados en el plazo establecido, su programación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda.

Artículo 21.- Plan Financiero. Sólo se podrán contraer obligaciones con cargo a saldos disponibles de asignación presupuestaria específica. No se podrá disponer de las asignaciones para una finalidad distinta a la establecida en el Presupuesto. El Ministerio de Hacienda, previa coordinación con los organismos y entidades del Estado, propondrá al Poder Ejecutivo el plan financiero mensual de ingresos y gastos para la ejecución de sus presupuestos. El Ministerio de Hacienda ejecutará el Presupuesto General de la Nación de conformidad a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo sobre la propuesta del plan financiero.

Artículo 24.- Transferencias de Créditos y cambio de fuente de financiamiento.
Durante el proceso de ejecución presupuestaria, las transferencias de créditos se realizarán: a) por decreto del Poder Ejecutivo, cuando se trate de transferencias de crédito dentro de un mismo organismo o entidad del Estado; y b) por resolución del Ministerio de Hacienda, cuando se trate de transferencia dentro del mismo programa. Las transferencias no podrán afectar recursos de inversión para destinarlos a gastos corrientes.

Artículo 62.- Auditoría General del Poder Ejecutivo.
La Auditoría General del Poder Ejecutivo dependerá de la Presidencia de la República. Como órgano de control interno del Poder Ejecutivo realizará auditorías de los organismos y entidades dependientes de dicho poder del Estado y tendrá también a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorías Internas Institucionales. El control será deliberado, a posteriori, de conformidad con la reglamentación pertinente y las normas de auditoría generalmente aceptadas.

OTRA ACCIÓN OLVIDADA
Por otro lado, el entonces titular del Poder Judicial, doctor Carlos Fernández Gadea promovió el 2 de febrero de 2001 una acción de inconstitucionalidad contra la LEY  N° 1.626/00 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

El 20 de febrero de 2001 de dictó medida cautelar de suspensión de efectos, el 7 de octubre de 2001 se presentó el dictamen fiscal pertinente y a partir de esa fecha el caso duerme en los cajones de algún ministro de la Corte.

Los artículos atacados en este caso son: 1, 36 y 96

Artículo 1º.- Esta ley tiene por objeto regular la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza, el contratado y el auxiliar, que presten servicio en la Administración Central, en los entes descentralizados, los gobiernos departamentales y las municipalidades, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la banca pública y los demás organismos y entidades del Estado.

Las leyes especiales vigentes y las que se dicten para regular las relaciones laborales entre el personal de la administración central con los respectivos organismos y entidades del estado, se ajustarán a las disposiciones de esta ley aunque deban contemplar situaciones especiales.

Entiéndese por administración central los organismos que componen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, sus reparticiones y dependencias.

Artículo 36.- El Presupuesto General de la Nación fijará anualmente en el Anexo del Personal los sueldos correspondientes a cada cargo, la naturaleza del mismo, su categoría y el número de funcionarios presupuestados para cada organismo o entidad del Estado. El Ministerio de Hacienda elaborará su propuesta, previo dictamen de la Secretaría de la Función Pública. No se fijarán sueldos proporcionalmente inferiores al salario mínimo legal establecido por el Poder Ejecutivo para actividades diversas no especificadas de los trabajadores del sector  privado.

Solamente quienes ejerzan cargos que conlleven la representación legal de la institución en que cumplen sus tareas podrán percibir gastos de representación. Estos funcionarios no percibirán recargos por las horas de trabajo que excedan la jornada legal.

Artículo 96.- Serán atribuciones de la Secretaría de la Función Pública:
a) formular la política de recursos humanos del sector público, tomando en consideración los requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión eficiente y transparente;
b) organizar y mantener actualizado un registro sexado de la función pública;
c) preparar el reglamento general de selección, admisión, calificación, evaluación y  promoción del personal público, basado en un concurso público de oposición.
d) participar en el estudio y análisis de las normas que regulan el sistema de jubilación y pensión a cargo del Estado;
e) detectar las necesidades de capacitación del funcionario público y establecer los planes y programas necesarios para la misma;
f) asesorar a la Administración Central, entes descentralizados, gobiernos departamentales y municipales, acerca de la política sobre recursos humanos a ser implementada;
g) supervisar la organización y funcionamiento de los organismos o entidades del Estado, encargadas  de los recursos humanos de la función pública;
h) proponer el sistema de clasificación y descripción de funciones de los cargos de los organismos y entidades del Estado y mantenerlos actualizados, así como el escalafón para funcionarios públicos;
i) asesorar a organismos y entidades del Estado para la racionalización en materia de escalafones y proponer criterios para la formulación de la política de remuneración a los funcionarios públicos;
j) recabar los informes necesarios para el cumplimiento de sus fines, de todas las reparticiones públicas;
k) realizar estudios sobre materias de su competencia para la toma de decisiones que afecten a los funcionarios públicos;
l) promover el acceso de la mujer a los cargos de decisión en la función pública;
m) homologar y registrar los reglamentos internos y los contratos colectivos de condiciones de trabajo, dentro de los organismos y entidades del Estado cuando ellos reúnan los requisitos de fondo y de forma para su validez; aprobar los proyectos de reglamento de selección, admisión, calificación y promoción del personal público, presentados por las diversas reparticiones públicas; y, designar los jueces de instrucción para los sumarios administrativos.

Los magistrados consultados esperan que la cuestión de fondo sea resuelta lo antes posible, ya que el Poder Judicial podría beneficiarse en gan medida de obtener fallos favorables en ambas acciones de inconstitucionalidad.

Actualizado: 10 de Febrero de 2009.
Ambas causas se encuentran en la fase de Autos para Sentencia desde abril de 2004.

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