La declaración de insolvencia, remanida excusa para quebrantar la pena de multa

¿Delitos impunes?penas-multas

El Ministerio Público ve con preocupación el elevado índice de condenados que no pagan las penas-multas impuestas en juicios por la falta de capacidad de pago. La declaración de insolvencia no exime al acusado, y en casos de incumplimiento de la pena aplicada, la persona puede ir a la cárcel.

Todas aquellas personas que fueron condenadas al pago de una multa por haber cometido delitos menores ven en la declaración de insolvencia la salida perfecta para evitar pagar lo que un juez de Sentencia ordenó en el juicio. Pero evadir la responsabilidad no está fácil, porque las penas-multa no se extinguen y quedan por años pendientes de cumplimiento en caso de que el afectado no logre cancelar la deuda con el Estado.

Para el juez penal de ejecución Isacio Cuevas es una situación que se debe analizar “caso por caso” porque no todos los que se declaran insolventes lo son y existe la posibilidad inclusive de enviar a la cárcel a los que se rehúsan a cumplir con la sanción impuesta.

“En muchos casos tenemos que realizar juicios ejecutivos para llevar a remate cualquier propiedad del condenado, pero es una contratiempo para nosotros pues tenemos que dejar de lado otros expedientes”, indicó el juez Cuevas.

Pero existe una preocupación latente de parte del Ministerio Público que por ley percibe el 50% de los ingresos provenientes de las multas, debido a un escaso control judicial existente para el cumplimiento de las penas-multa a pagar al Estado. La cantidad de casos que existen para hacerle el seguimiento y la carencia de funcionarios judiciales que puedan llenar las expectativas constituye el principal inconveniente.

El fiscal general del Estado, Ruben Candia Amarilla indicó al Proyecto “Transparencia Judicial” del CIRD que el Ministerio Público tiene fiscales de ejecución encargados de velar el cumplimiento de las sanciones punitivas de carácter pecuniario.

Según el representante de la Sociedad, en caso de incumplimientos, son dichas unidades las encargadas de hacer los requerimientos tendientes a dar cumplimiento a la orden judicial.

Sin embargo, la Fiscalía General carece de un informe mensual del índice de morosidad en el cobro de estas multas.

El doctor Candia Amarilla indicó por otro lado que todo el dinero percibido en concepto de multas por parte de los condenados se destina a una cuenta abierta en el Ministerio de Hacienda que a su vez lo redestribuye en el presupuesto general de Gastos aprobado para el Ministerio Público cada ejercicio fiscal.

Artemisa Marchuk, fiscala de ejecución fue más realista y reconoció que existe una debilidad dentro del sistema porque en muchos casos en donde las personas condenadas al pago de multas, no tienen esa capacidad de pago y la función punitiva no se cumple.

Si una persona que enfrenta un juicio oral y la expectativa de pena por el hecho punible cometido tiene un máximo de cinco años puede ser beneficiado con la pena de multa y no ir a la cárcel. Pero la fiscal Marchuk aseguró que la defensa del acusado debe arrimar documentación al Tribunal de Sentencia que justifique la capacidad de pago de su cliente para que realmente se pueda cumplir la pena impuesta. “Si no se da ese requisito, el condenado debería cumplir su sanción en la cárcel”, aseguró la fiscal Marchuk.

El Ministerio Público realiza un control paralelo respecto al pago de estas multas en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo todo fiscal que actúa en un juicio debe informar a la parte administrativa de la Fiscalía General que en dicho juicio recayó una pena de multa. Igual procedimiento se aplica en los casos de comisos y donaciones resueltas por orden judicial.

REFERENCIA

La pena-multa está reglamentada por la Ley 1.492/99 que en su parte medular señala que el destino de dicho dinero será depositado el 50% (cincuenta por ciento) a nombre de la Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial, Cuenta Corriente Nº 213 del Banco Central del Paraguay y el restante 50% (cincuenta por ciento) se depositará a nombre del Ministerio Público en una cuenta corriente de éste que a tal efecto habilitará la Dirección General del Tesoro en el Banco Central del Paraguay.

El Código Penal prevé dos tipos de penas principales:

a)  la pena privativa de libertad;

b)  la pena de multa.

En uno de sus artículos considera la situación económica de cada condenado y abre la posibilidad de a solicitud del condenado, determinar un plazo para el pago de la multa o facultar a pagarla en cuotas, pudiendo ordenar el cese de este beneficio en caso de no abonar el condenado una cuota en la fecha señalada.

También existe la alternativa de sustituir la multa mediante trabajo comunitario. En esos casos un día-multa equivale a un día de trabajo.

En los casos en que no exista probabilidad de cobrar la multa impuesta, se sustituye dicha pena con la cárcel.

“Una multa que quedara sin pago, y no fuera posible ejecutarla en los bienes del condenado, será sustituida por una pena privativa de libertad. Un día-multa equivale a un día de privación de libertad. El mínimo de una pena privativa de  libertad sustitutiva es un día”, señala la ley penal.

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